Pienso que mi prestigio personal, y el del INEE, no necesitan ser defendidos, y creo inútil tratar de descifrar las imaginativas cosas que la mirada escrutadora de Otto Granados le permite, observando pedagógicamente mis manos, inferir los conflictos interiores que, según él, me atormentan hasta en el terreno insondable de la fe. Pero sí puedo y quiero desmentir algunas falsedades palmarias.

De nuevo la cédula. Según Otto, la Ley Orgánica de la UAA establece que: “el rector deberá contar con título profesional de licenciatura registrado en términos de ley”, lo que es verdad hoy, pero no de 1974 a 1997, cuando la Ley solo exigía tener grado académico mínimo de licenciatura o su equivalente, lo que yo cumplía al ser nombrado rector en diciembre de 1995. El requisito del registro se añadió en octubre de 1997, cuando el Congreso del Estado aprobó cambios a la Ley propuestos por el diputado del PRI, Javier Aguilera, conmigo como destinatario, como se evidencia por el oficio de la Dir. Gral. de Profesiones que Otto anexa a su nuevo escrito, que informa que al 9 de febrero de 1998 no había registro alguno en mi favor. El nombre de quien pidió la información, convenientemente oculto, es del Lic. Javier Aguilera, quien el 19 de agosto, al iniciar el proceso para designar rector para 1999-2001, en rueda de prensa me acusó de no tener registrado mi título, lo que haría ilegal mi llegada a la rectoría en 1995. Para entonces, ya tenía yo cédula profesional, con mi título registrado el 17 de junio de ese año 1998, lo que informé a mi vez a los medios, y me permitió participar en el proceso para un segundo período. Reitero la pregunta: ¿quién actuó en forma no ética?, ¿yo?, ¿por no registrar mi título sin estar obligado a ello?, ¿o quienes sabiéndolo legislaron en mi contra con nombre y apellido?

Otto dice que mi fracaso en el segundo intento se debió a la falta de ascendiente académico, a mi conflicto con las bancadas del Congreso local, y con todo el sindicato de maestros (ACIUAA). En realidad, yo tenía conflicto solo con el diputado Aguilera y con el líder de la ACIUAA, y en las votaciones de maestros tuve 272 votos, contra 204 del candidato que apoyaba la ACIUAA y 149 de un tercer aspirante.

Según Otto, mis diferencias con el diputado Aguilera se originaron cuando los dos habríamos competido por el decanato de Ciencias Sociales; eso nunca ocurrió; a Javier Aguilera pedí que lo removieran de sus clases de derecho por faltista.

Según Granados, el proyecto de reformas que yo presenté no tenía respaldo y había sido impuesto autoritariamente por mí, mientras que el del líder sindical (a quien Otto había nombrado miembro del Consejo Estatal Electoral, sin méritos ni arraigo en Aguascalientes), tendría amplio respaldo, fruto de amplias consultas. La verdad es que el proyecto que yo presenté fue resultado de un intenso proceso de consultas que duró todo el año 1996 y está bien documentado, mientras que el líder sindical no convocó a una asamblea para discutir sus propuestas, e incluso se negó a hacer una, que le solicitaron por escrito, más de 200 profesores.

Sobre mi conflicto con la Federación de Estudiantes. En la elección de 1998 para gobernador del estado, la FEUAA publicó planas en diarios locales que, a juicio de su dirigente, no eran incorrectas, porque no invitaban a votar por ningún partido, sino a no votar por el PAN. Cuando le llamé la atención y le pregunté de dónde sacaba dinero para pagar los costosos desplegados, confesó paladinamente que le llegaba dinero de las universidades de Hidalgo y Colima, bastiones priistas. Ese dirigente, con 21 años de edad, fue premiado con una candidatura del PRI al Senado de la República en las siguientes elecciones.

Otto reitera que yo me limitaba a pedir dinero para paliar el déficit del sistema de pensiones, sin plantear una sola corrección al problema estructural, alegando que era heredado. En realidad, desde que en 1986 la UAA firmó con la ACIUAA una cláusula del contrato colectivo que otorgaba la pensión dinámica, advertí, al entonces rector, que en 20 ó 30 años, eso podría llevar a la Universidad a la quiebra. Cuando llegué a la rectoría habían pasado ya 10 años y, sin tenerlo cuantificado, sabía que la situación ya era grave. Mi digno predecesor había comenzado un pequeño fondo para hacerle frente, que entonces tenía cinco millones de pesos; el estudio actuarial que de inmediato mandé hacer, reveló que, a pesos corrientes, el pasivo contingente era ya, en 1996, de unos 400 millones. Sabiendo que era el problema más grave de la Universidad, que era estructural y exigía la aceptación de la ACIUAA, con la que mi relación no era buena, lo presenté con toda claridad tanto al gobernador como, por separado, al entonces subsecretario de educación superior, Ing. Daniel Reséndiz, en la primera reunión que tuve con cada uno de ellos. El gobernador nunca quiso atender el asunto. El Dr. Reséndiz me dijo: es usted el primer rector que me presenta un problema que va a estallar dentro de algunos años, y no uno que ya explotó.

Hasta aquí esta segunda respuesta, que será la última por mi parte. No tiene caso seguir este estéril intercambio con alguien capaz de distorsionar la realidad al grado que he mostrado, que no soporta que nadie le haga sombra, y que para lucir, cree necesario descalificar a los demás.

Felipe Martínez Rizo