En las últimas décadas, América Latina y el Caribe (ALC) han emprendido políticas educativas orientadas básicamente a implementar cambios y reformas de carácter sistémico y estructural orientadas a la calidad. Desde que todos los estados nacionales ejecutaron durante el siglo pasado, en buena parte de la región, políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de alfabetización, infraestructura básica y escolaridad, llamadas también “reformas de acceso”, se han registrado avances que, en pleno siglo XXI y precisamente por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, deben ser profundizados para que la educación de calidad sea no solamente un factor de equidad e inclusión sino también una palanca de la mayor relevancia para el crecimiento, la innovación y la productividad de las economías de la región1.