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Necesario, un proyecto de educación superior bien organizado para abatir inequidad: investigadores en la UAM

Se requiere evaluar problemáticas con base en las capacidades y posibilidades de cada institución

La inequidad y desigualdad de los procesos educativos y la manera en que los estudiantes viven esa dinámica en las instituciones públicas exigen organizar el proyecto de la presente administración en términos de los actores participantes, el presupuesto y la factibilidad de la infraestructura, señalaron investigadores en el Conversatorio Balance de la Primera mitad del Gobierno de AMLO. Análisis y Perspectivas, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Para qué queremos más alumnos en las escuelas si no les vamos a dar la debida atención. Esta iniciativa de mitad de sexenio es muy loable, pero es necesario planear bien el proyecto puesto que la enseñanza superior es muy específica y se debe atender de manera adecuada, coincidieron en el encuentro organizado por las cinco divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de la Casa abierta al tiempo.

El doctor Javier Rodríguez Lagunas, jefe del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, aseveró que las universidades son espacios complejos que llevan a examinar sus problemáticas no a la luz de la política pública, sino de sus capacidades y posibilidades, ya que no se trata de buscar la forma de defenderse ante el momento y la circunstancia, sino de continuar un proceso de crecimiento y perfeccionamiento que lleve a cumplir con el objetivo de formación a cada generación de estudiantes.

“Muchos jóvenes tienen la esperanza de encontrar en la educación pública una salida a sus ideas, a sus proyectos para el presente y futuro, por lo que debemos dedicar más tiempo para poder cumplir con los objetivos de docencia, investigación y difusión de la cultura”.

En la Mesa 2: Experiencias de las universidades públicas ante el proyecto de educación superior del gobierno de AMLO, la doctora Lizbeth A. Posada Cano, académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Ajusco, mencionó que esa institución atiende a 54 mil 500 estudiantes a nivel nacional con una planta docente de tres mil 800 profesionales en sus diferentes sedes en todo el país, donde sólo el campus Ajusco tiene financiamiento de la Federación y las del interior dependen de recursos estatales.

La doctora Mónica Lozano Medina, profesora de la UPN, comentó que desde antes de la llegada de la llamada Cuarta Transformación la institución enfrenta el grave problema de no lograr su autonomía, pues además de la pandemia, la Ley General de Educación Superior establece en el artículo 31 y 32 la incorporación de la UPN como dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“En las entidades trabajamos con estudiantes de escasos recursos económicos que reciben becas de manera diferenciada y aunque este no es un problema del sexenio actual ahora se cristaliza, además de que muchos de nuestros alumnos son de origen indígena y dependían del comedor, por lo que la pandemia ha ocasionado un problema complejo”, citaron las investigadoras.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que cuenta con más de 50 campus y facultades –ubicados en la ciudad de Toluca– también presenta conflictos de financiamiento a pesar de que uno de sus objetivos es mejorar las funciones de docencia para conformar cuerpos académicos con registro ante la SEP y con Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), apuntó la doctora Nora Nallely Gloria Morales.

A pesar de que la demanda estudiantil supera los recursos que recibe –60 por ciento del estado, 20 de la Federación y el resto generados por la propia institución– nunca ha dejado de pagar a su personal académico y administrativo, refirió la docente de la UAEM campus Chimalhuacán.

El doctor José Adriano Anaya, académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), también comentó que una de las problemáticas más graves que han enfrentado es la estrechez presupuestal, situación que se agrava ahora con la universalidad del derecho a la educación, en una entidad donde 75 por ciento vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y no cuenta con una enseñanza de calidad.

Entonces, los jóvenes llegan a la universidad con gravísimos problemas formativos –al provenir de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y de bachilleres con el nivel más bajo– “y aun así el Estado habla de un derecho a la educación inclusiva, aunque no exista un proceso óptimo, porque en muchos de los casos ni siquiera tienen un espacio para estudiar y padecen falta de alimentos”.

El denominado acceso universal “se vuelve fantasioso, porque los alumnos llegan sin comer o en condiciones mínimas de aprendizaje, aunque en la entidad existe un proyecto de diez campus ubicados en los lugares de mayor marginación –donde el mayor déficit está ubicado en Chenalhó– que busca darle sentido a la inclusión en los municipios de mayor pobreza”.

El doctor Carlos Rincón Ramírez, docente de la UNACH, sostuvo que “estamos ante dos políticas diferenciadas y cuando llega este gobierno en lugar de resolver el problema reduce el presupuesto asignado a las universidades, sin haber realizado antes una evaluación, y cancela también los fideicomisos”.

Más allá de lo que pueda cuestionarse, “estoy convencido de que las universidades han hecho un gran aporte para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y con estas medidas no sólo se afectan los fondos sectoriales, sino que aquí tenemos una política diferenciada en el sentido de que a las instituciones públicas –que tienen 35 por ciento de toda la matrícula– se les empieza a refutar y estigmatizar”.

El maestro Javier Tolentino García, docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, reconoció que no sólo se trata de abrir espacios si persiste la dificultad de ingreso por un rezago educativo, por lo que hay que poner en balance la oferta que tiene cada una de las instituciones de enseñanza superior.

“Si no se organiza un proyecto innovador y con base en diagnósticos, discusión e intercambio con las comunidades universitarias, es probable que enfrentemos un vacío de opciones y de desarrollo de posibilidades”, concluyó el doctor Rodríguez Lagunas.

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