La noción de ciudadanía –y de ciudadanía cultural, en particular– ha sido el camino para unificar las demandas de diversos grupos, y es viable en cierta medida si el derecho a ser miembro de la comunidad deja de estar asociado a la propiedad, el género y la raza, señaló el doctor Néstor García Canclini, Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la conferencia magistral Injusticias culturales: estados, empresas y comunidades indicó que frente a los gigantes electrónicos de las redes sociales, el lugar de los pobladores en la globalización se va diluyendo; se les reduce a usuarios de contenidos y formas de actuar que no se construyen en solidaridad, sino subyugados por lógicas comerciales impuestas.

La ciudadanía tiene el potencial de favorecer la convergencia de demandas y grupos en forma interseccional, pero las empresas y las políticas públicas pueden fragmentarlos.

La pandemia extremó este proceso “al reducir aún más nuestro potencial como habitantes y volvernos clientes, consumidores y usuarios de Netflix, YouTube y otras plataformas”, ya que aún después de abrirse las salas de cine y teatro, se constató la reconfiguración cultural que agudizó la crisis de la industria editorial frente a internet; de las salas de cine ante Netflix y otros portales audiovisuales, o de los conciertos y los discos debido al streaming.

El investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores reconoció que el espacio cultural, las coproducciones y los accesos se han ampliado con las tecnologías digitales, pero advirtió que deben seguirse considerando la precarización socioeconómica de los creadores y la reducción de los presupuestos en el rubro.

Esto deriva en nuevas preguntas en la búsqueda de acciones y programas más justos; ¿qué accesos se facilitan y cuáles se marginan?, ¿cómo articular los mega desarrollos de las industrias comunicacionales con las culturas comunitarias?, cuestionó el académico del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa de la UAM.

Los cambios en la circulación de los productos culturales han acentuado la desigualdad en su distribución; pese a que las plataformas digitales amplían el acceso posible, la selección de los contenidos queda en manos de unas cuantas corporaciones trasnacionales que los eligen en función de la extensión de sus ventas y la segmentación de las audiencias.

En la producción artística de las últimas décadas, además de la desigualdad y las diferencias de etnia, nación o género, importa la precariedad como condición del trabajo cultural. No es sólo un rasgo de los desempeños artísticos, sino de la totalidad de quienes trabajan en ello. El cierre generalizado de instituciones durante la crisis sanitaria agravó la situación.

Algunos estudios señalan tres razones: muchos trabajos son inestables, mal pagados y de baja calidad; sectores cada vez más amplios –sobre todo de jóvenes– están desempleados o subempleados y, por tanto, sin ingresos fijos, sin prestaciones, sin seguridad médica ni legal; en tercer lugar, el extendido desempleo lleva a grupos crecientes a buscar recursos en actividades ilegales, a veces controladas por mafias, que aumentan la inseguridad y la incertidumbre.

El miembro del Comité científico del informe mundial de cultura de la Unesco refirió una investigación que realizó sobre la promulgación de una ley aprobada por el congreso brasileño y publicada en junio de 2020 que establece una ayuda financiera de 3.000 millones de reales (unos 500 millones de dólares) para el sector cultural con el fin de mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. Los recursos se distribuyeron en forma descentralizada a los municipios.

“Esto fue el resultado de una intensa articulación social que se manifestó a través de las redes sociales en Brasil”, cuya ley lleva el nombre de Aldir Blanc, poeta, compositor y cronista de Río de Janeiro que falleció en mayo de 2020 a los 73 años de edad, víctima de covid-19.

En México, el presupuesto destinado a la cultura ha caído vertiginosamente desde 2016, por lo que es necesario reorientar las cuentas públicas a fin de sostener a los creadores y abrir las instituciones a nuevas audiencias, explicó en la Jornada Encrucijadas de la Justicia Cultural, organizada por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Es posible imaginar un nuevo escenario para las políticas latinoamericanas; el actual desarrollo cultural y comunicacional sugiere que es indispensable cambiar los vínculos entre estados, empresas, comunidades y trabajadores del sector”, concluyó García Canclini.