Los seguros de gastos del SNI: ¿un pierde-pierde? Sylvie Didou

Los seguros de gastos del SNI: ¿un pierde-pierde?

Sylvie Didou Aupetit

Sylvie Didou Aupetit

Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
Proyecto CONACYT A1-S-8492

El 9 de noviembre 2020, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) envió un comunicado a sus miembros. La Dirección de Vocaciones Científicas y SNI (no un funcionario identificable) les avisaba, por medio de un correo electrónico, que, a partir del 1ero de enero 2021, el S.N.I dejaría de administrar los seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) y de vida y de asesorar a los agremiados en sus trámites. Ya no intervendría como intermediario oficial con la compañía de seguros.

Ese primer documento era escueto. Sus anónimos autores sugerirían a los asegurados por vía del SNI que, en forma sustitutiva, hicieran sus aportaciones de manera individual Les reiteraban que tenían “plena libertad para contratar, en su caso, a la aseguradora que les ofrezca las mejores condiciones”. Por asertivo que sea el tono, no disimula la debilidad del razonamiento. La objeción es evidente: al suscribirse voluntariamente al SGMM, los adherentes ya habían seleccionado la opción de su preferencia. Si bien el SNI era un gestor corporativo, cada interesado decidía, en efecto, si pagar el monto de su cuota de afiliación a los seguros, cuyo monto estaba descontado del incentivo que le correspondía.

El comunicado anunciaba a los asegurados que el 12 de noviembre, recibirían una propuesta para mantener los servicios de la aseguradora anteriormente contratada. Aclaraba que el SNI se desligaba de dicha propuesta y no la apoyaba. El carácter sorpresivo y unilateral de la medida generó de inmediato peticiones de aclaración y quejas ante el Conacyt. 

El 12 de noviembre, llegó la propuesta de la compañía de seguros. Ese mismo día, debido al descontento provocado por una decisión percibida como arbitraria, la directora general del Conacyt— al que está adscrito el SNI— mandó el oficio AOOOO/S16/2020 para aclarar la “confusión” generada por el primer mensaje y justificar una decisión al parecer irrevocable.

La Dra. Álvarez Buylla, titular de la Dependencia, presentó varias razones. Una es de orden cuantitativo: sólo el 13.87 por ciento de los integrantes del SNI usa los seguros. El porcentaje es bajo. No obstante, en números absolutos, abarca más de 3500 personas y, eventualmente, sus familiares. Según los últimos datos disponibles en la página de transparencia del Conacyt, en 2018, el SNI agrupaba a 28579 investigadores. A reserva de ajustar la membresía a 2020, los afectados por la reciente decisión del SNI no representan por tanto una cifra irrisoria. Otra razón es cualitativa: cierto número (no especificado) de beneficiarios se habría quejado de los servicios suministrados.

Pero, como en ocasiones anteriores, los causales expuestos son esencialmente normativos y morales. Las autoridades del SNI argumentan no tener en su posesión el convenio colectivo que regula las condiciones para contratar una compañía aseguradora. Interpretan el hecho en términos no sólo de corrupción sino, asimismo, de una infracción a la protección de los datos personales. Afirman que “Algunas anteriores autoridades del Conacyt realizaron gestiones de manera discrecional, quedando a disposición y para beneficio particular de una empresa privada información y datos personales de los miembros del SNI”.

Los usuarios de la(s) aseguradora(s) contratadas por el SNI desde que brinda ese servicio, estamos obviamente interesados en enterarnos de cualquier uso indebido de nuestros datos personales y de la extensión del daño provocado. Nos preocupa saber cómo obtener reparación de un perjuicio que, de demostrarse como cierto ante los tribunales, es responsabilidad del Conacyt en tanto institución. Pero ¿obtendremos algún día pruebas de lo ahora rumoreado e indicaciones legales para apelar al respecto?

Desde que los recibí, leí muchas veces el mensaje y el oficio. No me convencen varias justificaciones esgrimidas para, supuestamente, sustentar la suspensión del contrato. Primero, las quejas por malos servicios de algunos no son suficientes para quitarles a todos un servicio que muchos hubiéramos valorado como satisfactorio si nos lo hubiesen preguntado. Segundo, ciertas explicaciones presentadas sólo demuestran… una falta de argumentos. Por ejemplo, ¿por qué razón “destacar que el Reglamento del SNI vigente no hace referencia al seguro mencionado, dado que regular tal materia no es objeto de dicho ordenamiento”?

Entre los principios que definen una administración pública y una conducción eficientes de las organizaciones, está el de un “gana-gana” compartido por las partes implicadas en la resolución de pendientes. No percibo claramente qué obtiene el Conacyt al no renovar los seguros. Eso sí, demuestra su observancia de reglas administrativas (cuya prevalencia es probablemente menor a la de otros ordenamientos jurídicos) y hace constar su empeño por imponer nuevas relaciones de fuerza o subordinación a los académicos. La ganancia burocrático-política, en ese escenario, ¿es mayor a la deslegitimación del Conacyt ante los científicos?

Por ahora, esa medida deja en una relativa indefensión a quienes habían suscrito desde hace años esos seguros (principalmente, si perdieron los que obtenían de sus instituciones, cuando esas son consideradas parte de la administración pública). Elimina una costumbre añeja, en uso desde 2007, según lo afirmado por el oficio expedido por el Conacyt. Implica un incremento en el monto de las cotizaciones para quienes tendrán que transitar (por constreñimiento, no por voluntad propia) de un esquema de suscripción colectiva a uno individual. Indica que una mayoría de involucrados se encuentra en una espiral peligrosa de “pierde-pierde”, independientemente de la posibilidad de solicitar un amparo.

Sylvie Didou Aupetit
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) | + posts
A %d blogueros les gusta esto: