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La UAM se pronuncia frente a desplazamientos forzosos

Propone reconocer y atender la emergencia de quienes han sufrido ese flagelo, derivado de la violencia del Estado mexicano

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de la Red de Investigación sobre Violencias se pronunció por visibilizar, reconocer y atender la situación de emergencia de las personas que han sufrido desplazamientos internos derivados de la política de seguridad del Estado mexicano, “fenómeno poco conocido y registrado que invisibiliza más las violaciones a sus derechos humanos”.

Los integrantes de la Red aportaron un pronunciamiento sobre la violencia, fenómeno de larga data cuya existencia se ha documentado al menos desde la década de los años 70 del siglo pasado, aunque su crecimiento ha sido exponencial a raíz de la inseguridad propiciada por el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico.

Los doctores Iris Santillán Ramírez, defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y Alfredo Nateras Domínguez, académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, demandaron ratificar el proyecto de Ley sobre Desplazamientos internos forzados en el Senado de la República, que en el mes de febrero pasado todavía estaba en espera, pese a la grave problemática registrada en el país.

“Urgir que dicha Ley sea un instrumento real que otorgue atención, protección y reparación integral a las víctimas y que se faculte a los organismos públicos para concretar las disposiciones reglamentarias de la misma”, dado que hasta el 9 de septiembre de 2021 están registradas 91 mil 640 personas como desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Además, demandar que dicho instrumento atienda las diferencias entre los distintos tipos de traslado forzado, los cuales requerirán distintas acciones, y recuperar la información procesada por las diferentes instituciones académicas y organizaciones sociales que permitan describir y cuantificar las características de las víctimas.

El doctor Nateras Domínguez señaló la necesidad de reconocer a los colectivos de búsqueda de personas como interlocutores legítimos ante el Estado, ya que poseen los conocimientos y saberes precisos y expertos en la materia, que han desarrollado en el trabajo de campo diario, frente a la omisión gubernamental.

El desplazamiento forzado es un recurso de sobrevivencia y resistencia de poblaciones civiles frente a regímenes de violencia interna, que representa una huida, escape o evasión a poderes y fuerzas en disputa, que además de violentar los derechos humanos originan homicidios, feminicidios, desapariciones y despojos de todo tipo y de larga data.

En 2019, el Estado reconoció la existencia de este “grave problema, y en septiembre de 2020 se aprobó la Ley General para prevenir, atender y reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado y el Registro Nacional de Personas Desplazadas, actualmente en proceso de aprobación en la Cámara de Senadores.

La doctora Iiris Santillán Ramírez, docente del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, subrayó que el pronunciamiento es resultado de los Conversatorios virtuales: la Universidad ante las violencias –celebrados entre septiembre y octubre del año pasado– como compromiso de la institución con la generación de conocimiento crítico y su aportación para la solución de los problemas nacionales mediante el conocimiento, atención, colaboración y resolución.

La Casa abierta al tiempo explicita su posición ante fenómenos como el feminicidio –reconocido como la manifestación extrema de violencia hacia las mujeres–, que en la última década es resultado de la omisión del Estado en la obligación de garantizar y proteger el derecho humano a una vida libre de violencia, trastocado a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006.

Así, la UAM reconoce al feminicidio y la violencia machista como problemas de alcance nacional de urgente análisis y llevarlo a sus actividades sustantivas de docencia e investigación con el propósito de contar con investigaciones actualizadas para fortalecer el diálogo con víctimas indirectas, sobrevivientes y organizaciones no gubernamentales con el fin de crear redes de conocimiento que coadyuven en la erradicación de actos violentos por razones de género.

En los Conversatorios virtuales: La universidad ante las Violencias, Desplazamientos forzados, la doctora Margarita Zárate Vidal aseveró que éstos son “una estrategia forzada de sobrevivencia y por ser impuesto se refuerza su invisibilidad y violación constante a los derechos humanos. Las poblaciones indígenas de Chiapas, Guerrero y Michoacán son afectadas de manera destacada, si bien en 2019 el Estado reconoció la existencia de este grave problema, al menos en el papel”.

El número de desalojados es incierto, aunque se ha mencionado que son cerca de 346 mil personas, aunque la encuestadora Parametría en 2010 calculaba un número cercano a un millón y medio de personas desplazadas a causa de la violencia derivada de la política de seguridad del estado mexicano y del crimen organizado.

Laura María Orozco Medina, integrante del Colectivo Familiares Caminando por Justicia, narró el desplazamiento de su familia tras la desaparición forzada de su padre Leonel Orozco Ortiz y de sus hermanos Moiseé y Leonel Orozco Medina, “en la que el Estado fue totalmente omiso”.

Reyna Martínez, representante Triqui de San Juan Comala, Oaxaca, también compartió como desde hace 12 años se encuentra fuera de su comunidad y puso en entredicho que los gobiernos, sean del partido que sean, no procuran justicia para los pueblos, “por lo que exigimos justicia para todos los desplazados de los pueblos de México”.

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