La UAM, comprometida con la investigación de la violencia ejercida contra comunicadores

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El Tribunal de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas fue inaugurado hoy en la Casa del Tiempo de la UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) asume el compromiso de analizar e investigar las distintas formas de violencia ejercida contra las y los informadores, desarrollar estrategias para su difusión, así como fomentar la colaboración entre periodistas y la academia, señaló el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación.

En representación del doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM, dijo que el ejercicio del periodismo se ha vuelto una labor de alto riesgo, pues enfrentan cotidianamente la violencia y la impunidad que sacuden al país y a la región en su conjunto.

En la inauguración del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, realizado en la Casa del Tiempo de esta Institución, sostuvo –en coincidencia con la opinión de profesores de la UAM– que la labor informativa es “afectada por intereses de corporaciones, mafias y autoridades coludidas, agravada por una creciente impunidad, que extiende y multiplica la desprotección de los comunicadores”.

El atentado contra el derecho social a la información, que alcanza ya un nivel crítico, pero también la pasividad de los Estados, a nivel global, han orillado a la sociedad civil internacional a organizarse en el Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas.

Este ejercicio social iniciado en La Haya, en noviembre pasado, con el auspicio del Tribunal Permanente de los Pueblos, busca dar voz a las personas afectadas por la impunidad, incluyendo a familiares de las y los periodistas asesinados, así como a sus colegas, buscando acabar con este flagelo sistémico para que la justicia se convierta en norma.

Hizo votos por que este ejercicio de la sociedad civil internacional, contribuya al desarrollo de políticas públicas para la protección integral a la libertad de expresión, para el combate a la impunidad de las agresiones contra la prensa y para garantizar el derecho a la verdad.

Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, indicó que esta sesión sobre asesinatos de periodistas es parte de un proceso que se abrió en La Haya y que incluye los casos de México, Siria y a Sri Lanka, como ejemplos de lo que pasa a nivel mundial en lo que se refiere a esta problemática y en la búsqueda de “un mundo más seguro para la verdad”.

El asesinato de comunicadores es la expresión de una política mundial de guerra caracterizada por el hecho de “no permitir la veracidad de las cosas que están detrás de estos hechos y de manifestarse sobre las responsabilidades, en términos de compatibilidad con los derechos de los pueblos”.

Al igual que en la guerra que experimenta Europa entre Rusia y Ucrania, la verdad es la primera víctima de todo lo que está ocurriendo con los periodistas, y México como país que “hemos decidido destacar en este campo, es un modelo perfecto” y de ellos dan cuenta los familiares, que son los testigos de cuánto tiempo puede pasar antes de que los casos tengan una visibilidad específica.

La real protagonista de esta guerra contra los periodistas es la impunidad, “que indica una ausencia del derecho internacional de hacerse cargo de esta guerra transversal a los demás países que se confrontan con esta problemática.

En ese sentido el tribunal de los pueblos con las limitaciones de su rol ha armado este proceso, “enviando según sus estatutos el acto de acusación a las autoridades del Estado Mexicano. Hemos enviado la invitación a participar y asumir la responsabilidad de lo que está pasando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de la Defensa, al subsecretario para los Derechos Humanos, al procurador especial para la Atención a la Garantía de la Libertad de Expresión y al abogado general del estado de Veracruz.

Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas en México, estimó que la organización de este tribunal ha sido una tarea prioritaria en este año, pues tiene un enfoque específico en el caso de Milo Vela, asesinado en Veracruz en 2012, y además busca revelar no sólo los factores que en su conjunto llevan al homicidio de informadores en el país, sino también procurará hacer visibles los múltiples fracasos por parte del Estado mexicano no sólo en prevenir la violencia, sino también en evitar que los asesinatos y desapariciones queden en la impunidad.

Desde hace una década México ocupa el primer lugar en desapariciones de periodistas en el hemisferio occidental y el segundo a nivel mundial con el mayor número de asesinatos de reporteros, sólo por debajo de Ucrania, país en plena situación de guerra y, según el Índice Mundial de Impunidad, “nuestro país ocupa el sexto sitio”.

Ésta a veces parece ser algo abstracto, pero en realidad es una serie de sucesos, una cronología de fracasos por parte del Estado mexicano, que permiten que los casos no se resuelvan. “Empieza por no contestar una llamada de emergencia por parte de los policías, se profundiza con la falta de aplicación de buenas prácticas investigativas, en no tomar en serio los testimonios de las víctimas y en la falta de coordinación entre instituciones de entidades federativas y termina con la ausencia de detenciones y sentencias”.

Hootsen enfatizó que la impunidad es la violación de los derechos básicos de las víctimas y como consecuencia los familiares nunca tienen acceso a la verdad y con ellos la sociedad entera.

Los periodistas dejan de publicar la verdad porque no saben si serán la siguiente víctima y los medios dejan de comunicar “y el público termina viviendo en zonas silenciadas” en las que ejercer los derechos básicos de información es imposible.

El propósito de este tribunal, cuyas actividades tienen lugar los días 26 y 27 de abril, es abrir el acceso a la verdad y a la justicia de un caso que durante una década quedó como una de las heridas abiertas de la libertad de prensa en México.

El funcionario confió en que el Estado mexicano ponga atención a estas audiencias, considere los testimonios que se presentan y los use para diseñar las políticas públicas necesarias para dar un paso a un Estado más justo, más seguro y con menos impunidad, pero más que nada “esperamos que tomen en cuenta el dolor y el valor de familiares de Emilio Vela, cuya historia es la del periodismo que después de años de violencia no ha dejado de buscar la verdad y la justicia”.

Emmanuel Colombié, director para América Latina de Reporteros sin Fronteras, afirmó que las autoridades judiciales mexicanas han fracasado en su misión de demostrar que sí hay un camino hacia la verdad y la justicia y que las cosas pueden cambiar.

El caso de Milo Vela, que será expuesto durante las actividades del día de mañana en esta audiencia, ilustra perfectamente las deficiencias de la justicia a nivel local y federal.

A través de este caso “queremos homenajear a los periodistas de Veracruz que perdieron la vida durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte y a quienes murieron haciendo un trabajo de información en cualquier lugar de este país y del mundo.

Leon Willems, director internacional Partnerships, y Mira Chowdhury, directora para América Latina de Free Press Unlimited, señalaron que ningún comunicador debe pagar con su vida por su trabajo, pero si eso ocurre, “debemos asegurarnos de que todo se investigue y los autores se procesen judicialmente y se enfrenten a las consecuencias”.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al menos 87 por ciento de los asesinatos de periodistas quedan sin juzgar en todo el mundo y por otra parte son censurados, tienen que exiliarse o dejar la profesión por completo ante el temor a ser violentados.

Por lo que necesitan más protección, más procesos judiciales, investigaciones llevadas a cabo por profesionales del derecho bien formados y capacitados, pero para que esto ocurra “es crucial una mayor voluntad política” para enfrentar un problema “que requiere toda nuestra atención”.

En el primer día de actividades del tribunal, comunicadores como Anabel Hernández, periodista de investigación; Adela Navarro, directora del Semanario Zeta; Jorge Carrasco, director de la revista Proceso, así como Martha Olivia López Medellín, integrante del núcleo coordinador de Reporteras en Guardia, rindieron su testimonio acerca de los casos de reporteros desaparecidos y asesinados que han sufrido sus respectivos medios de información.

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