Cobertura en educación superior: necesidad de un enfoque situado

Desde más de medio siglo, en México, las dinámicas de la matrícula en la educación superior están profusamente analizadas por especialistas y tomadores de decisión, por su relevancia. En efecto, administrarlas implica decisiones de planeación (creación/ampliación de instalaciones), de política pública (cupos por sectores, evaluación, financiamiento) y de gestoría social (acciones remediales de la desigualdad, nuevas instituciones para nuevos estudiantes, gratuidad).

En un país en el que la calidad, la consistencia y los alcances de los datos educativos son insatisfactorios, la Secretaria de Educación Pública (SEP), en el Formato 911, compila cifras sobre estudiantes (por entidad federativa/localidad/establecimientos/programa) y establece algunos rasgos de identidad (pertenencia étnica, discapacidad, ciudadanía). Esas informaciones muestran una importante diferenciación de los perfiles estudiantiles, resultantes de una masificación sostenida y permiten calcular los ratios entre candidaturas y admisiones.

Aunque, en México, la tasa de cobertura se mantiene inferior a la regional en América Latina, la matricula aumentó en 92.5 por ciento entre 2000-2001 y 2018-2019. Pero, se expandió diferentemente, en las escalas estatal y municipal. Ciertas entidades la triplicaron (Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo).  Otras tuvieron un crecimiento menor en un 50 por ciento a la media nacional (Ciudad de México, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas). Unas apostaron a la desconcentración geográfica de los servicios educativos de nivel superior, otras a la satisfacción de la demanda allí donde se localizaba, conforme con dinámicas proactivas o reactivas de respuesta a las solicitudes de ingreso.

Sabemos, además, muy poco sobre las lógicas sistémicas de atención a dicha matrícula. El tabulador educativo 07 del INEGI deja vislumbrar que la apuesta central consistió en contratar académicos, cuyo número se elevó en un 98.5 por ciento en casi una década. Desgraciadamente, no informa el organismo sobre el sostenimiento de las escuelas que los emplearon, ni sobre sus credenciales escolares o sus condiciones de reclutamiento (tiempo completo versus por horas). Eso impide analizar sus condiciones de trabajo y sus habilidades, en una coyuntura en la que muchas voces autorizadas alertan de riesgos de precarización o proletarización de la plantilla.

En contraste con lo anterior, el número de escuelas sólo aumentó en un 36.7 por ciento. En Hidalgo, Quintana Roo o Baja California Sur, la apertura de escuelas fue mayor debido a la explosión de la matrícula y del número de profesores pero eso no ocurrió en todas las entidades.  Unos estados más, finalmente, cerraron planteles (Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla). En vista de esas diferencias, convendría conocer mejor las dinámicas espaciales de la cobertura en las escalas meso y micro, principalmente cuando los indicadores que la describen no están alineados. El tabulador 08 del Inegi revela, en términos generales, un deterioro al mostrar que el número de alumnos por escuelas creció en 48.7/ por ciento en promedio nacional.

Para optimizar las condiciones de recepción de los aspirantes en los próximos años, sería además indispensable documentar las pautas de consolidación de los sistemas locales de educación superior con el fin de garantizar una progresiva armonizar sus capacidades de atención. Entidades que, en 2000-2001, superaban el promedio nacional de alumnos por maestro (10) cumplen, en 2018-2019, con este (Michoacán, Nayarit, Oaxaca). En contraste, otras (Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas) lo han incrementado o sólo han disminuido la brecha (Guerrero, Sinaloa).

Por factores coyunturales (cierre de instituciones por la pandemia de covid-19), se ha augurado una probable agravación de las tasas de suspensión temporal de estudios y de deserción. Esa preocupación emerge en un contexto en el que la tasa de abandono (tabulador 11 del INEGI) ha quedado estable a escala nacional en los años iniciales y finales del periodo referido. Eso debido a un pico de la deserción en 2015-2016 que anuló los avances registrados en los quince años precedentes. Por estados, esa tasa creció en paralelo a la consolidación de la matricula (Quintana Roo), aumentó continuamente (Ciudad de México) o bien evidenció picos y desplomes alternados, conforme con una periodización errática (Baja California, Guanajuato, Nayarit).

Dado que el Programa Sectorial de Educación (PSE) persigue entre sus objetivos elevar la cobertura mediante cupos adicionales y una mejor retención, las autoridades educativas deberán tomar en cuenta esas variables, incluso en la dimensión institucional, para adecuar las medidas de intervención a cada situación tipo.  Deberán monitorear cómo los cambios en cualquiera de los indicadores relativos a estudiantes, académicos y planteles alteran la posibilidad de brindar servicios suficientes y de calidad.  En esa perspectiva, fortalecer y mejorar el uso de las infraestructuras instaladas, contratar a académicos, redistribuir territorialmente los servicios educativos y atender poblaciones dispersas son elementos importantes en las estrategias de promoción de la equidad geográfica, social e institucional… siempre y cuando dichas estrategias se arraiguen y se adapten a esquemas diferenciados de crecimiento acumulado, en el ámbito local.