Desde más de medio siglo, en México, las dinámicas de la matrícula en la educación superior están profusamente analizadas por especialistas y tomadores de decisión, por su relevancia. En efecto, administrarlas implica decisiones de planeación (creación/ampliación de instalaciones), de política pública (cupos por sectores, evaluación, financiamiento) y de gestoría social (acciones remediales de la desigualdad, nuevas instituciones para nuevos estudiantes, gratuidad).

En un país en el que la calidad, la consistencia y los alcances de los datos educativos son insatisfactorios, la Secretaria de Educación Pública (SEP), en el Formato 911, compila cifras sobre estudiantes (por entidad federativa/localidad/establecimientos/programa) y establece algunos rasgos de identidad (pertenencia étnica, discapacidad, ciudadanía). Esas informaciones muestran una importante diferenciación de los perfiles estudiantiles, resultantes de una masificación sostenida y permiten calcular los ratios entre candidaturas y admisiones.