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Retirar recursos al combate contra el calentamiento global tendrá, sin duda, repercusiones en la salud pública.

Eliminar fideicomiso sobre cambio climático pone en peligro el futuro de todos

Los planes financieros no solo deben considerar beneficios inmediatos sino el bien del planeta

Desde el 19 de septiembre, en Times Square, Nueva York, un reloj climático sustituyó al emblemático Metrónomo que por 20 años dio la hora, para marcar la cuenta regresiva del tiempo que le resta a la humanidad para impedir que la temperatura global se incremente 1.5 grados centígrados por encima de niveles preindustriales y que nuestras posibilidades de detener el calentamiento global dejen de ser factibles.

El cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como humanidad. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que la última década fue la más calurosa registrada y las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen en aumento. Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles y los incendios forestales alcanzaron un máximo histórico en 2019 y son 62 por ciento más altas que en 1990. En México, cada vez más, observamos cómo los desastres naturales son más recurrentes y catastróficos. Actualmente somos testigos de las lluvias torrenciales e inundaciones que azotan Tabasco y Chiapas, mientras que en Chihuahua, la población enfrenta la peor sequía en los últimos 50 años y baja disponibilidad de agua.

A pesar de que este año se conmemora el quinto aniversario de la histórica firma del Acuerdo de París, México se encuentra muy lejos de cumplir con los objetivos establecidos de limitar el  incremento en la temperatura por debajo de los 2ºC y de realizar esfuerzos para que no rebase los 1.5ºC, única forma de evitar el recrudecimiento del calentamiento global y sus catastróficos efectos.

El financiamiento destinado a prevenir, mitigar y atender el cambio climático y sus impactos es fundamental para garantizar la protección de las poblaciones del país y mantener la estabilidad económica. Numerosos economistas han apuntado que la falta de inversión para combatir el cambio climático podría significar grandes pérdidas económicas en los próximos 50 años y el Banco Mundial calcula que el costo de los desastres climáticos asciende a 520 mil millones de dólares, además de que empuja a 26 millones de personas a la pobreza cada año.

En México, el costo de la inacción climática afectará más severamente a estados que ya sufren desigualdades sociales y pobreza como Hidalgo, Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Michoacán y Baja California. Mientras que el sector agrícola, la generación de energía y el turismo serían los sectores económicos más gravemente impactados por sequías e inundaciones.

Es claro que destinar recursos monetarios a proyectos que mitiguen el cambio climático, que aumenten las capacidades de responder a eventos naturales extremos y que reduzcan las vulnerabilidades de sectores estratégicos de la población, es una inversión y no un gasto. Prevenir y actuar con antelación es la única manera de reducir los impactos de una crisis en curso, cuya fuerza y concurrencia va en aumento.

Es posible aprovechar mejor los recursos que se destinan a estas soluciones, sin embargo, el papel que juegan la ciencia y la educación es indiscutible. Nada de lo que sabemos hoy sería posible sin ellas; son el punto de partida para plantear políticas y acciones públicas que contribuyan a solucionar los desafíos que enfrentamos en nuestro día a día.

Apoyos clave

Entre los 109 fideicomisos que se propone eliminar, como iniciativa de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se encuentran el Fondo para el Cambio Climático, el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, el Fondo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y los destinados a la ciencia y educación.

Hasta el 2019, el Fondo para el Cambio Climático, creado con la Ley General de Cambio Climático en 2012 otorgó recursos para 15 proyectos relacionados con educación climática, sensibilización ambiental y cultural, impulso de pequeñas empresas sustentables, conservación de bosques, playas y mares, transporte público masivo bajo en emisiones y protección de áreas naturales. Su existencia es clave para brindar a la ciudadanía un conjunto de soluciones concretas para combatir el cambio climático y es una herramienta para que México cumpla los compromisos internacionales de mitigación de emisiones y adaptación.

Eliminar el Fondo sería una contradicción, pues si bien la intención de los legisladores es contar con más recursos públicos para la salud pública para hacer frente a la pandemia por el covid-19, provocaría  justamente lo opuesto, ya que existe una fuerte correlación entre el cambio climático y la salud pública. Diversas investigaciones —citadas por la ONU durante el pasado Día Mundial del Medio Ambiente— advierten que la pérdida de ecosistemas silvestres nos hace más vulnerables a enfermedades zoonóticas, las cuales constituyen el 60 por ciento de todas las enfermedades infecciosas conocidas en humanos y el 75 por ciento de las nuevas enfermedades que han surgido en últimas fechas, por lo que la mejor forma de contener padecimientos como el covid-19 y evitar, o al menos retardar, el desarrollo de nuevas enfermedades significa detener el cambio climático.

También es alarmante la eliminación del Fondo para la Atención de Desastres Naturales, pues los fenómenos metereológicos extremos se intensificarán en magnitud y frecuencia como resultado del cambio climático, para contrarrestar sus devastadores efectos; los gobiernos locales deben tener los recursos financieros para prevenir y atender a la población afectada; sin estos fondos, las poblaciones en vulnerabilidad tienen prácticamente una sentencia de muerte. Se calcula que entre 2001 y 2013, los impactos del cambio climático sumaron costos de 338.35 millones de pesos y afectaron a 2.5 millones de personas.

No menos preocupante es la eliminación del Fondo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, pues los defensores de la naturaleza y el medio ambiente son la primera línea de defensa contra la crisis climática. Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental aseguran que, de 2012 a 2019, en México, 83 defensores de la naturaleza fueron asesinados.

La eliminación de fondos para el cambio climático, desastres naturales y protección de defensores es un craso error. Extinguir fideicomisos no sólo debe considerar áreas financieras en apariencia inmediatas, debe considerar la importancia de las personas a las que protege como factores clave para nuestra subsistencia. 

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