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Adrián Acosta Silva

Adrián Acosta Silva

ESTACIÓN DE PASO
Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara.

Uno de los problemas de la cobertura total tiene que ver con que las solicitudes de los jóvenes tienden a aglutinarse en ciertas carreras

“Rechazo cero”: el instrumento y la política

La propuesta de no dejar a ningún joven sin espacio en las universidades plantea retos acerca de cómo conciliar expectativas, presupuesto y autonomía

El pasado 21 de agosto, la Secretaría de Educación Pública anunció el inicio del programa “Rechazo Cero”, cuyo propósito es “atender a los jóvenes que no ingresan a las instituciones de educación superior de mayor demanda”. Presentado por la Subsecretaría de Educación Superior como un instrumento federal para hacer realidad los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior incluidos en la reforma del artículo tercero constitucional realizada en mayo del 2019, así como un mecanismo operativo de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, el programa constituye una novedad interesante pero que tiene desafíos prácticos complicados.

En primer lugar, nace en el contexto de la (al parecer) inminente discusión y posible aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley General de Educación Superior (LGES). Como se sabe, dicha Ley contiene como uno de sus objetivos garantizar el derecho a la educación superior de los jóvenes mediante diversos mecanismos y estrategias.  El anuncio del nuevo programa, desde luego, no está condicionado por la aprobación de la LGES, pero anticipa convertirse en un instrumento asociado a la implementación de los objetivos estratégicos de la nueva normatividad.

Un segundo asunto tiene que ver con el impacto efectivo de los resultados esperados. “Rechazo Cero” contempla inicialmente la participación de 299 instituciones de educación superior públicas y privadas en la apertura de 65,352 espacios relacionados con 339 carreras. Según anunció el Subsecretario de Educación Superior, en ese esfuerzo se han comprometido la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes) y la Alianza para la Educación (Alpes), dos organizaciones que aglutinan la representación de los intereses del sector privado.

Mediante la oferta de alternativas y opciones a los jóvenes rechazados por la IES públicas de alta demanda ubicadas en diversos territorios y poblaciones del país, el programa inició para aplicarse a los jóvenes no admitidos de universidades como la UNAM, la UAEM, la UAC o la UAT, y a partir del nuevo ciclo se incorporará como una opción para los jóvenes que aspiran a ingresar a alguna carrera universitaria en varias instituciones de educación superior, aunque no se precisa todavía si en todas o solo en algunas.

El problema crítico es cómo conciliar los deseos, expectativas y preferencias de los jóvenes con las oportunidades disponibles. Una primera lectura de los problemas prácticos de implementación del  programa de rechazados cero es que, dado el previsible patrón de comportamiento de concentración de la demanda hacia las carreras e instituciones tradicionales, las opciones ofrecidas serán vistas como alternativas de compensación dirigidas hacia las ofertas privadas y quizá algunas públicas no universitarias. Ello significa que los rechazados podrán ser admitidos a alguna carrera de IES privadas que naturalmente cobran por sus servicios. ¿Quién pagará esas matrículas? ¿El estudiante y su familia? ¿Serán becas públicas “Benito Juárez”, o serán becas-crédito de las propias IES particulares?

Una tercera complicación tiene que ver con la tensión en la organización misma del proceso. La experiencia de muchas universidades públicas es que a los rechazados de las carreras de alta demanda (Medicina, Derecho, Contaduría, Ingenierías) se les ofrecen lugares en otras carreras de baja demanda o que cuentan con espacios disponibles en la propia universidad. Lo que suele suceder es que esas opciones no son atractivas ni prácticas dadas las aspiraciones y preferencias de muchos de los jóvenes, que terminan por abandonar los estudios, aplazarlos para concursar en el siguiente ciclo, se dedican a buscar o conservar sus empleos, y sólo en algunos casos aceptan un lugar en una carrera que inicialmente no era de su agrado, pero que terminan abandonando usualmente antes del primer año.  ¿“Rechazo Cero” cambiará esos comportamientos?

Una dificultad adicional tiene que ver con la coordinación de las autoridades federales con las  estatales y las universidades públicas y privadas de cada entidad y región. La experiencia europea de admisión a los estudios superiores enseña que una política de selección que aspire a ser efectiva requiere equilibrar la búsqueda de la calidad en el ingreso a los estudios, con la consideración de las preferencias individuales y las condiciones de equidad en el acceso. Ello supone diseñar estrategias regionales interinstitucionales que  ofrezcan por lo menos tres opciones de ingreso (A,B,C) a las ofertas educativas públicas. La “nota de admisión” es el resultado de fijación de puntajes mínimos fijados por las IES y opciones atractivas para los jóvenes, elegidas desde el principio por ellos mismos y garantizadas por las agencias públicas que coordinan los procesos de admisión. No parece ser una buena estrategia ofrecer “premios de consolación” a los jóvenes rechazados con tal de cumplir con la meta de “rechazados cero”.

Finalmente, una complicación más es de naturaleza inevitablemente política. ¿Cómo involucrar a las universidades e instituciones públicas en las políticas de rechazo cero sin lastimar su autonomía institucional, que les permite decidir a quiénes admite, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades, derechos y obligaciones? ¿Cómo conciliar la selección cuidadosa de programas de alta demanda con la universalización/democratización del acceso? ¿Por qué no apoyar la expansión de las ofertas públicas en las universidades tradicionales, que ha sido justamente uno de los logros en la cobertura y el acceso de muchas universidades estatales en las últimas tres décadas?

Estas cuestiones remiten a uno de los problemas clásicos de las políticas públicas: el problema de la implementación. Asegurar umbrales mínimos de eficacia, legitimidad y consistencia del nuevo programa requiere de una minuciosa, árida y delicada labor de coordinación interinstitucional que requiere de acuerdos claros, recursos suficientes, evaluación sistemática y mecanismos operativos eficientes. De lo contrario, el imperio del voluntarismo y las buenas intenciones alimentará, una vez más, los efectos no deseados o perversos de las propias políticas.

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