La ley general de educación superior debe ser producto de una gran convergencia de voces: Tonatiuh Bravo Padilla, Coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Ley General de Educación superior debe dar cabida a las minorías y a todos los sectores que intervienen y construyen este nivel educativo.

La discusión en el terreno legislativo es una oportunidad inmejorable para dar una mayor regulación y margen de maniobra a las instituciones de educación superior, pero de- be construirse a partir del consenso y los acuerdos.

Para Itzcóatl Tonatiuh bravo Padilla, coordinador Parlamentario de movimiento ciudadano en la cámara de Diputados, la legislación que se discutirá en el congreso no debe hacer a un lado por ningún motivo las inquietudes y propuestas de las universidades públicas del país.

En entrevista con Campus, el exrector general de la universidad de Guadalajara (UdeG) apunta que la gratuidad y la evaluación son solo algunos de los temas que deben quedar bien definidos en esta nueva ley.

Detalla que uno de los puntos en los que se debe poner énfasis es en las atribuciones y responsabilidades que deberá tener cada nivel de gobierno en torno a la educación superior del país.

Y es que desde 1978, cuando entró en operación la Ley de coordinación de la Educación superior, no se había tenido tan cerca la posibilidad de concretar un esquema legislativo más sólido y actualizado que fortaleciera a este sistema.

Por ello, plantea el legislador, la Ley General de Educación superior no debe ser tomada a la ligera. La discusión en el congreso y las propuestas que lleguen de parte de la sociedad civil y todos los actores, tienen que sustentar un proyecto de esa envergadura.

Necesidad insoslayable

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien fuera rector general de la universidad de Guadalajara entre 2013 y 2018, sabe que la Ley General de Educación superior es un asunto que atañe a las universidades del país porque les garantizaría un marco legal acorde con las necesidades actuales.

“Es absolutamente imprescindible por varias razones, en primer lugar, porque a pesar de que la educación superior es una realidad, desde hace muchos años en el país, y que se masificó a partir de, particularmente los años setentas, el hecho es que no ha existido una Ley de Educación superior como tal.

“Existía un apartado en la Ley General de Educación, y existía, a partir de mil novecientos setenta y tantos, una Ley de coordinación de la Educación superior que, finalmente, nunca tuvo ningún cambio porque tuvo muy escasa aplicación”, comenta.

Bravo Padilla, quien es coordinador Parlamentario de movimiento ciudadano en la cámara de Diputa- dos, asegura que ahora, con las reformas a la Ley General de Educación, aprobadas el año pasado, se abrió la puerta para redefinir muchos conceptos y objetivos de las instituciones de educación superior.

“Con los cambios constitucionales, la reforma constitucional, que se hizo el año pasado, se adquiere la obligatoriedad de parte del Estado mexicano en proporcionar educación superior a los jóvenes, evidentemente este es un hecho que va a modificar sustancialmente la situación de la educación superior”, dice.

Y es que, explica, la legislación que será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones, o al menos así se ha planteado en un inicio, es fundamental sobre todo para instituciones que requieren adaptarse al entorno actual.

“Existen instituciones de educación superior que tienen una gran cantidad de años, hay varias universidades que son centenarias, la universidad nacional autónoma de México (UNAM), la universidad de Guadalajara (UdeG), la universidad michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); en fin, son instituciones que llevan años operando y que hace necesario que la ley contemple varias cosas”, comenta.

En ese sentido, plantea bravo Padilla, la Ley General de Educación superior debe, en primer lugar, con- templar la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios.

“Para concurrir en el servicio educativo, qué responsabilidades y obligaciones tienen estos niveles de gobierno en relación con la educación superior, ahora que es obligatoria”, considera.

Asimismo, la legislación tiene que incluir un tema fundamental como lo es la autonomía universitaria, y aprovechar el contexto en el que se va a dar esta discusión.

“Creo que es un buen momento para definir lo que es autonomía, abrir espacio a algunas de las tesis establEcidas por la suprema corte de Justicia de la nación (SCJN) en relación a este punto.

Entonces, resumiendo, es muy importante contar con una Ley General de Educación superior que haga trabajar los subsistemas que tienen que ver con el ámbito superior en plena coordinación, en pleno esfuerzo con- junto que integre estos esfuerzos, que le dé una alternativa organizacional al conjunto de las mismas, en beneficio de la sociedad y de los estudiantes”, subraya el diputado.

Precisar los conceptos

Respecto a las prioridades que debe tener la nueva Ley General de Educación superior, Tonatiuh Bravo Padilla, quien también fungió como Vicerrector de la universidad de Guadalajara (UdeG), apunta que el tema de la autonomía tiene que tener un espacio primordial dentro de la discusión y la definición de la legislación.

“Aunque no todas las instituciones de educación superior son autónomas, ni todas van a tener autonomía, como es el caso de los subsistemas tecnológicos, el propio Instituto Politécnico nacional (IPN) se inscribe ahí y no aspira a tener autonomía, perfecta- mente debe encuadrarse cómo debe ser la relación con las instituciones autónomas y cómo debe ser con las que no, qué comunicación debe haber entre ellas.

“Lo más importante es que debe darse una coherencia al sistema de educación superior en su conjunto, debe haber perfectamente posibilidades de tránsito entre unas y otras”, comenta.

Y es que, en la actualidad, con los esquemas académicos que rigen, explica bravo Padilla, no se permite que los estudiantes puedan tener una formación más acorde a sus necesidades.

“Una persona que estudia en un instituto tecnológico, es imposible que pueda cambiarse, por domicilio, o simplemente por cambio de aspiración profesional a otra institución”, señala.

Además, dice, la Ley General de Educación superior debe incluir otros aspectos básicos para tener una mejor y más eficaz conducción del sistema.

“Creo que debe incluir los derechos y obligaciones de las instituciones de educación superior, el trabajo en equipo, conjunto, integrado, una red que permita, en todo momento esta integración y sobre todo, tener las posibilidades que se puedan, en todo momento, generar que la coordinación de esfuerzos entre las entidades federativas, la federación, qué le toca a un nivel, qué le toca a otro”, puntualiza.

Al mismo tiempo, dice Vravo Padilla, quien fue rector del centro universitario de ciencias Económico- administrativas (CUCEA), el tema del financiamiento es otro de los rubros que deben ser incluidos en esta nueva legislación.

“Es un tema clave, además el tema para la coordinación del sistema anti- corrupción, el tema para la coordinación de las auditorías que debe llevar a cabo la auditoría superior de la federación (ASF).

“Y también, por supuesto, la relación con el ámbito privado, con los registros de validez oficial de estudios, con la finalidad de que haya rigor, se acabe con las universidades o instituciones patito, que se pongan requisitos claves para que esto pueda ocurrir”, plantea.

En suma, considera el legislador, los temas que incluya la nueva Ley General de Educación superior pasan, sin ninguna duda, por los actuales requerimientos que enfrentan las instituciones educativas del país.

Dinero y austeridad

Al hablar sobre la urgente necesidad de las instituciones de educación superior para contar con mayores recursos, Tonatiuh Bravo Padilla apunta que esta prioridad de las instituciones de educación superior también será considerada.

Incluso, dice, se puede ajustar o empatar con los nuevos mecanismos de austeridad financiera que se han empezado a promover y sugerir a las instituciones de enseñanza superior.

“Sin problema, de hecho, la reforma constitucional posibilita los presupuestos plurianuales en materia de infraestructura, que eso es algo muy importante para las instituciones de educación superior, para planear la atención de la demanda.

“Me parece que una institución que invierte en infraestructura no tiene por qué ser afectada por el tema de austeridad, regularmente los renglones de austeridad se reflejan en otro tipo de cuestiones”, señala el legislador.

En ese sentido, dice, la austeridad no puede ni debe frenar el incremento de la matrícula y el esfuerzo que realizan las universidades del país para dar cabida a miles de jóvenes que de- sean ingresar a ese nivel educativo.

“Entonces, creo que se pueden empatar perfectamente las medidas de austeridad con una natural expansión de la educación superior, muchos jóvenes están a la espera por una oportunidad para ingresar a la educación superior”, enfatiza bravo Padilla.

Por eso, argumenta, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior deben quedar muy bien definidas dentro de la nueva Ley General de Educación superior.

“La obligatoriedad es un asunto al que el Estado le va a tener que hacer frente, es abrir la oferta educativa para que, desde los más diversos sistemas y subsistemas, los jóvenes pueden tener suficientes alternativas y opciones.

“Desde los escolarizados, los semiescolarizados, abiertos, a distancia, hasta las modalidades académicas diversas, todas las opciones disciplinarias, pero me parece que la parte más importante, relacionada con la obligatoriedad, la gratuidad, tiene que ver con los ingresos propios de las instituciones”, advierte.

Y es que, asume bravo Padilla, quien fue diputado por primera vez duran- te la LVI Legislatura, las condiciones actuales de las instituciones de educación superior complican el escenario.

“De un 10, aun 35, 40 porciento de los ingresos de las instituciones de educación superior, dependiendo de cada cual, es lo que tienen de ingresos propios, en tanto el Estado no se los proporcione, no sería deseable que se les quitarán porque eso va a afectar su funcionamiento en detrimento de la calidad que quieren los estudiantes.

“Entonces, creo que debe hacerse un esquema transicional, en la medida en que el Estado le esté proporcionando los recursos, será la medida en la que, paulatinamente, la gratuidad debe hacerse una realidad”, señala.

Medidas inviables

En torno a la posibilidad de incluir las reglas para instaurar un examen único de ingreso a la educación superior, como ocurre actualmente en el nivel medio superior, el coordinador Parlamentario de movimiento ciudadano sostiene que este mecanismo resulta inviable a primera vista.

“Sinceramente, soy cierto de que esto no es positivo, creo que manteniéndose varias opciones, siempre las instituciones van a tener la oportunidad de optar por una o por otra, y eso hace una sana competencia entre alternativas de evaluación.

“Actualmente hay dos grandes, que son el centro nacional de Evaluación para la Educación superior (cEnEVaL) y el college board, cualquiera de los dos es bueno, creo que si se mantiene una sana competencia, creo que es lo más correcto, y que cada institución, o cada sistema educativo, vea la que más le convenga”, apunta.

Bravo Padilla, quien de 2006 a 2009 fue diputado federal por segunda ocasión, en la LX Legislatura, sos- tiene que en este, como en todos los temas que sean incluidos en la legislación, se debe abrir la participación, sin distingos, para que se enriquezca y se alimente la Ley con el punto de vista de todos los actores.

“Yo creo que debe convocarse a parlamento abierto, creo que, para garantizar la pertinencia, la calidad, y la inclusión, en primer lugar debe convocarse al sector empresarial, gubernamental y social, con la finalidad de que expresen cuáles son sus demandas, su conocimiento de la educación superior.

“Se debe convocar a padres de familia, a instituciones, se debe convocar a grupos de la sociedad, a colegios profesionales, y también se debe convocar a expertos, nacionales y extranjeros, debe hacerse una convocatoria amplia”, precisa el legislador.

En ese contexto, ahonda, es fundamental tener los canales de comunicación abiertos entre legisladores e instituciones de educación superior, así como contar con los interlocutores necesarios y pertinentes para tener una mayor interacción.

“Por un lado, conmigo tienen la ventaja de que me he dedicado mu- cho tiempo al ambiente universitario, y más o menos puedo ser un traductor de demandas, pero por otro lado, no estoy en el grupo parlamentario mayoritario.

“Ahí lo que hay que hacer es un consenso con todos, por supuesto que haré mi mejor esfuerzo de interlocución con las instituciones y, por supuesto, que tienen en mí a una mitad universitaria y la otra mitad legislador”, enfatiza bravo Padilla.