En este espacio, la semana pasada se hizo una descripción de los principales programas y acciones educativas incluidos en el informe del presidente de la República, tanto de los programas socialmente focalizados (también llamados estelares, insignia o presidenciales), así como los propiamente educativos, situados en ese sector de la Administración Pública Federal. Los primeros gozan de un estatus prioritario, como lo confirman las primeras cifras y proporciones dadas a conocer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), presentado al H. Congreso de la Unión el 8 de los corrientes, toda vez que aquellos tienen incrementos reales significativos para el próximo año, superando con creces los índices inflacionarios de este 2022.

Los segundos, siendo relevantes, tienen sin embargo diversos tratamientos. Como se anunció también la semana pasada, las siguientes líneas pretenden analizar algunos de los aspectos ahí descritos.

Tres comentarios principales podrían resumir esa temática:

• ¿Verdaderamente es importante la educación en el presente sexenio? Una frase enmarca la aspiración del gobierno federal en esta materia, tal y como fue ya mencionado: “El Estado promueve una educación de calidad con equidad como derecho de todos los mexicanos”. La afirmación tiene dos limitaciones que dificultan acceder a una constatación objetiva de la expresión. Por un lado, la eliminación casi total de las evaluaciones (nacionales e internacionales) del desempeño escolar por parte de los alumnos matriculados en la educación básica del país. Aunque, resulta indispensable consignar que la Comisión Nacional para el Mejoramiento Continuo de la Educación (Mejoredu) ha anunciado un proceso de evaluaciones diagnósticas y formativas que se aplicarán desde el inicio del presente ciclo escolar a los estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria en todo el país en los contenidos de lectura, matemáticas y formación cívica y ética (A. P. Wong, Milenio, 18 de agosto).

Por otra parte, una limitación más es el gasto destinado al sector. Si bien, se mantiene positivo en términos reales, como se aprecia formalmente en el que está ejecutándose ahora, así como en el proyecto para 2023, los incrementos son mínimos o exiguos, no suficientes para el avance que se requiere en el país. Entre los varios ejemplos a este respecto pueden mencionarse: a) el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (mismo que tiene por objeto “apoyar a las entidades federativas con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que, en materia de educación básica y normal, permite un mejor control de recursos”), que ha pasado de 390 mil millones de pesos en 2018, y aún de 415 mil en 2021, a una asignación de 186 mil millones de pesos en 2022; b) o el gasto destinado a escuelas normales: 751 millones para 257 instituciones de ese tipo, ¡2.9 millones para cada una de ellas!

Pero también se identifican otras realidades. Tal es el caso de la valoración que formula el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) cuando muestra los contrastes entre varios de los sectores del gasto en la primera mitad del presente año. Mientras la educación pública y la salud han tenido un recorte de 17.9% y 6.4%, respecto al mismo periodo del año anterior, “llama la atención todos los recursos que se han dado al sector energético y a las megaobras…”. Así, en ese mismo lapso el sector turismo elevó el gasto en 260% anual (debido principalmente al Tren Maya) o la Secretaría de Bienestar con un incremento de 24%; o el caso aún más representativo de la Secretaría de Energía, entidad que de acuerdo con la Cuenta Pública de 2021, de la Auditoría Superior de la Federación, tuvo un incremento a lo largo del año, respecto de lo aprobado, por 602% (de 45 mil millones de pesos se terminó gastando 271 mil (El Financiero, 15 de agosto).

La educación superior, obligatoria para el Estado y gratuita para los estudiantes, establecida en la reforma constitucional de 2019, y desarrollada en la Ley General de Educación Superior del año pasado, no ha tenido aplicación en los presupuestos de 2021 y 2022. Aunque el PPEF (al igual que los presupuestos de las entidades federativas) debió consignar incrementos graduales, tanto para diversos programas como para la constitución de un apoyo específico permanente (“fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de la educación superior…”, art. 64 LGES), esto no ha sucedido. El proyecto de 2023 ya consigna algunas cifras, pero los montos ahí previstos parecen indicar que la gradualidad es más simbólica que real.

• Dos programas del gobierno Federal están ausentes en el Informe: uno que podría ser calificado como “exitoso” y otro, anómalo, negativo o de retroceso. El primero de ellos se refiere a la educación superior y está relacionado con la gobernanza. En el avance habido en menos de un año en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) se concluyeron algunos de los subprogramas a su cargo. De modo muy relevante, el relativo al Registro Nacional de Opciones para Educación Superior y en una docena más se tienen ya avances significativos, tal como se ha mostrado en la quinta reunión ordinaria de dicho organismo celebrada en este mes.

El segundo de los programas, muy importante para la educación básica, es el correspondiente a las Escuelas de Tiempo Completo. La desaparición de este programa, con base en un acuerdo secretarial del mes de abril (08/04/22), afectó a tres millones de estudiantes que eran beneficiarios de la jornada extendida en 27 mil escuelas del país, así como a un poco más de un millón que, dentro de dicho espacio, recibían alimentos. El Informe no alude a los efectos de las “compensaciones” que supuestamente se contienen en el programa reemplazante, La Escuela es Nuestra.

• Informe y Plan Nacional de Desarrollo. Como se apuntó la semana pasada, en el primer párrafo de dicho documento se afirma que éste “presenta el avance de las acciones y resultados en el PND 2019-2024”. La afirmación no es del todo veraz. Aquí se diría que presenta, o se refiere, sólo “a algunos de los objetivos del PND”. En la parte de política social se consignan doce programas que, con el calificativo de “socialmente focalizados”, fueron incluidos en aquel documento presentado en los primeros seis meses del nuevo Gobierno Federal. Pero, como se ha mencionado reiteradamente en este espacio, el PND ahí aprobado no se apega a lo previsto en la Constitución ni a varias de los ordenamientos secundarias que lo detallan (Ley de Planeación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras). Además, el decreto que lo puso en vigor no fue refrendado por los titulares de la secretarías y dependencias que desarrollan programas derivados de dicho instrumento esencial de la planeación democrática del desarrollo nacional, tal como se menciona en el Artículo 26 de la Carta Magna. Tampoco se cumple con el ordenamiento ahí incluido (“Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”). Precisamente a esas irregularidades obedeció la renuncia de Carlos Urzúa, el primer titular de la Secretaría de Hacienda, quien se negó a estampar su firma en dicho documento. Un punto que el Congreso de la Unión, al discutir el llamado Paquete Económico para 2023, debería necesariamente abordar.