Dos años después: ¿de la utopía a la distopía?

No hay evidencias de que las políticas gubernamentales puedan transformar a la educación superior en los próximos años

En un esfuerzo por evaluar el desempeño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante los dos primeros años de su gestión, Ricardo Becerra y José Woldenberg convocaron a 22 académicos para elaborar un diagnóstico sobre las acciones del oficialismo en 18 campos de política pública (“Balance temprano. Desde la izquierda democrática”, Grano de Sal, 2020). Uno de esos campos es el de la educación superior, del cual se presenta aquí una apretada síntesis de mis apreciaciones.             

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Los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el campo de la educación superior no constituyen el período de construcción de un nuevo régimen de políticas en este campo de la acción pública. En realidad, se trata de la continuación de un conjunto de acciones dirigidas hacia la consolidación de las inercias, rutinas y hábitos institucionales construidos lentamente en los últimos treinta años (1989-2018), pero en un contexto de creencias vagas, austeridad “ciega” y confusión entre medios y fines. La narrativa transformacionista (relacionada con la idea de la “Cuarta Transformación Nacional”, o 4T), el relato que acompaña la nueva utopía sexenal en la educación superior, es hasta ahora un ejercicio que camina sobre los rieles tradicionales del viejo régimen de políticas.

Luego de distintas administraciones gubernamentales federales marcadas por la alternancia política (2000-2018), la educación terciaria es un territorio marcado por las huellas de las políticas públicas que se han instrumentado a lo largo del siglo XXI. Durante tres sexenios dominados por oficialismos distintos, ese territorio fue conquistado por la irrupción de una nueva fuerza política que en 2018 ganó abrumadoramente las elecciones federales, proponiendo una ruptura radical con el pasado “neoliberal” colocando en el centro de su retórica y acción como gobierno la propuesta de una “transformación histórica” del país que incluye un nuevo modelo de políticas para la educación superior.

En el empeño en demoler todo vestigio del pasado “neoliberal” de los cinco gobiernos anteriores (desde Salinas hasta Peña Nieto), el gobierno de AMLO ha impulsado algunos cambios normativos, financieros y organizativos en la educación superior, pero, paradójicamente, también mantiene las rutinas e inercias asociadas a las políticas del pasado reciente. Esa combinación de intenciones de cambio e inercias institucionales son el efecto de una agenda política que obedece a un “sistema de creencias” amorfo, que dificulta identificar el ideario oficialista, cuál es su origen y cómo se implementa en el arranque del gobierno.

El primer ciclo de las acciones gubernamentales del transformacionismo en el campo de la educación superior ha transcurrido en un contexto de reservas y escepticismos sobre la factibilidad y consistencia de los cambios impulsados por el ejecutivo federal y aprobados por la mayoría morenista en el legislativo. El activismo gubernamental ha sido centralizado, con una lógica de implementación vertical de arriba-abajo, en un contexto de severa austeridad presupuestal y una tradicional dispersión de los recursos en distintos programas y bolsas financieras. Los programas “Jóvenes escribiendo el futuro” y las “Universidades del Bienestar Benito Juárez García” son opacos y aún no hay datos suficientes para mostrar una mejoría en los indicadores de cobertura, calidad o equidad en el acceso de la educación superior en la era de la 4T.

La irrupción de la pandemia del covid-19 agudizó las tendencias hacia el estancamiento económico que ya veníamos padeciendo desde el año 2017. La combinación de la crisis sanitaria con la crisis económica ha abierto un panorama sombrío sobre el futuro de la educación superior. Organismos internacionales y locales, estudios académicos, opiniones de expertos y del propio gobierno federal, estiman una caída histórica del PIB para los próximos años, provocando un incremento sustancial de la pobreza y del desempleo formal e informal, así como bajas expectativas de recuperación en un contexto internacional de economías deprimidas. La propia gestión de la crisis por parte del gobierno de AMLO, basada en férreos principios de austeridad, decidida a no promover nuevos impuestos y aplicar una política de endeudamiento cero, se ha traducido en menores presupuestos públicos para la educación superior desde 2019.

En ese marco, las reformas normativas, organizacionales y financieras impulsadas por el oficialismo se han instrumentado manteniendo varias de las prácticas y estructuras heredadas del viejo régimen de políticas: cabildeo entre el ejecutivo y el legislativo, activismo de los rectores y directivos en la gestión de los recursos, competencia de las IES públicas por acceder a los programas de financiamiento extraordinario tradicionales que para 2021 se verán prácticamente cancelados. Las ideas de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, los arreglos institucionales basados en una estructura jerárquico-vertical de financiamiento público, el ejercicio de una severa austeridad con presupuestos federales estancados y a la baja, la coordinación centralizada del gobierno de un sistema heterogéneo, y el papel protagónico del ejecutivo como actor principal y en ocasiones exclusivo en la promoción e instrumentación de los cambios, apuntan a reforzar los rasgos básicos del viejo régimen político y de políticas en un nuevo contexto.

La agenda y prioridades del oficialismo durante sus dos primeros años de gobierno revelan una fuerte línea de continuidad con el viejo régimen, y no hay evidencias de que puedan transformar la lógica del comportamiento institucional de la educación superior en los próximos años. Más aún: el ominoso panorama social y económico de la súbita y profunda crisis experimentada a lo largo del 2020, apunta a los que muchos analistas ya caracterizan como una nueva década perdida. Eso significa estancamiento económico, caída de los ingresos fiscales y presupuestos federales con bajas expectativas de crecimiento para el resto del sexenio. En términos del impacto en la educación superior, la crisis se traduce en el incremento de abandonos escolares, bajas en la demanda y cierre de muchos establecimientos privados. En este escenario, la utopía sexenal prometida por la narrativa transformacionista, ceteris paribus, puede mutar en una distopía inesperada.

Adrián Acosta Silva
Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara | + posts
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