Con mujeres y niñas se tiene una gran deuda en los espacios digitales: Olimpia Coral Melo en la UAM

La impulsora de la Ley Olimpia dictó la conferencia Cómo construir un mundo digital seguro

Todas las personas estamos expuestas a sufrir algún tipo de violencia digital, expresó Coral Melo.

La Ley Olimpia no es sólo una legislación sino un movimiento político que busca promover la seguridad de las mujeres y las niñas “porque con ellas se tiene una gran deuda en los espacios digitales”, aseveró Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la norma que refiere a un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital y sancionan los delitos violatorios de la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

En la conferencia Cómo construir un mundo digital seguro, que ofreció hoy en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la activista, quien en 2021 fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la revista Time, refirió la depresión en la que cayó y que la llevó a estar a punto del suicidio, cuando su novio publicó en redes sociales un video de contenido sexual que la hizo víctima de acoso cibernético.

“Recibí más de 40 solicitudes de amistad” de varones “pidiéndome sexo a cambio de no seguir difundiendo el video” e incluso fotografías de su familia o de sus amigas.

En ese momento “me sentí culpable y me quise morir a diario, porque me hicieron sentir síndrome de persecución digital 24 horas, siete días a la semana”; además ¿dónde denunciar? Si el Ministerio Público contestó que no tenía elementos para calificar el hecho como delito ni para catalogarlo como violencia y además le pidieron el video como prueba del delito; “no podemos hacer nada y mejor vete a tu casa a que te eduquen mejor”, le contestaron.

Durante su participación –en la que respondió algunas preguntas de Katia D’artigues, fundadora de la Asociación civil “Yo también” y de Pamela Araico, gerente de Políticas Públicas de AT&T– expuso que su mamá le hizo ver que “yo no soy culpable”, porque “nunca quise que el video se difundiera ni que esto me pasara”, y fue un reto entender que “yo no tenía la culpa” y que “tengo derecho a la intimidad”.

Junto con otras mujeres que sufrieron experiencias similares inició una lucha por dar un nombre a esta violencia “y la denominamos digital y buscamos darle un tipo penal a la difusión y producción, principalmente como verbos rectores” y con material íntimo sexual a través de fotografías, videos, audios en los espacios sociodigitales y medios de comunicación y telecomunicación y esto significó “la apertura de lo que hoy conocemos como la Ley Olimpia”.

A partir de esta experiencia “satanizó” a la tecnología, porque cuando “buscas el apoyo para que las empresas brinden información sobre los agresores no hay ninguna línea jurídica que se los haga exigible”, pero después cuando se le nombra al delito como violencia digital y comienza el proceso para aprobar la ley, se percibe un poco de mayor apertura para tener mayor ciberseguridad, “empecé a retomar mis redes sociodigitales”.

El acceso a las tecnologías “no nos brinda la dominación de la tecnología” y, si bien hay muchos avances en el acceso, no existen condiciones para que comunidades indígenas, personas con discapacidad y adultas, entre otros grupos tengan suficiente acceso y falta mucho por hacer al respecto.

Sobre el sexting (enviar o recibir imágenes o videos con contenido sexual) afirmó que “no hay sexting seguro en un contexto patriarcal” y es que no existen plataformas seguras para “vivir nuestra sexualidad de manera autónoma”, porque hasta en la erotización digital hay condiciones de desigualdad entre mujeres y varones.

Al dar la bienvenida a los y las asistentes, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Casa abierta al tiempo, subrayó que la violencia es un fenómeno multidimensional con distintas manifestaciones, todas ellas lamentables, que se han recrudecido en las últimas décadas, en particular contra las mujeres, las minorías y los grupos en situación de vulnerabilidad.

Hay un antes y un después de la pandemia por COVID-19 en todo sentido, pues los periodos escalonados de confinamiento “nos orillaron a una virtualidad extenuante” que visibilizó un fenómeno, que si bien ya existía, se acrecentó de manera notable, que es la violencia digital; sin embargo, la virtualidad llegó para quedarse y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por ocio, diversión, trabajo o por estudios “nos obliga a cobrar conciencia de nuestra vulnerabilidad”.

Todas las personas “estamos expuestas a sufrir algún tipo de violencia digital, por lo que es importante incorporar elementos de seguridad, autocuidado y sentido común que potencien la habilidad de autoprotección de las y los usuarios”.

Los especialistas en este tema insisten en la necesidad de gestionar los datos y la información al usar computadoras, dispositivos móviles, servidores, redes y sistemas electrónicos y por ello es relevante generar una conciencia social y en ese sentido “la seguridad digital debe entenderse como un proceso que se da a partir de hábitos de higiene virtuales, “lo que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones”.

Fraudes digitales, usurpaciones de identidad, extorsiones, divulgación de contenidos personales, ciberacoso enfocado a la población femenina, a las disidencias sexuales o al activismo de cualquier tipo, incluso crímenes tan graves como trata de mujeres “nos obligan a las instituciones públicas a ejercer nuestra influencia social para reducir la brecha de la cultura digital entre la población –donde el alumnado puede participar en forma muy activa– para comunicar de manera más puntual los riesgos digitales que existen, de manera institucional difundir recomendaciones, fomentar un consumo digital responsable y así crear una ciudadanía digital.

Apenas hace un mes se formalizó “nuestra intención de colaborar en el impulso decidido de acciones que aseguren una cultura digital segura”, al firmar un convenio con la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y este tipo de actos dan seguimiento a lo acordado, aseguró.

Tales acciones “se hacen considerando que el espacio virtual, las redes sociales y todo tipo de plataformas son también espacios sociales en los que todas y todos tenemos derecho a ser libres y no violentados”.

Pedro Francisco Rangel Magdaleno, subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, indicó que la actividad cristaliza una alianza entre cuatro actores, AT&T, la asociación “Yo también”, la UAM y con Instituto Nacional de las Mujeres.

La subsecretaría que encabeza tiene que ver con la violencia digital porque se trata de un mal uso de los servicios de telecomunicaciones y justamente el objetivo de la alianza es ayudar a combatir este gran problema social desde la perspectiva del usuario de estas tecnologías.

En la ceremonia inaugural participó también Daniel Ríos Villa, vicepresidente de AT&T México, y el doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

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