En la primera parte de este texto (19 de diciembre) se abordó el origen, desarrollo y características de estas instituciones fundadas por el gobierno federal a principios de 2019. Ahora se concluye con el tema, enfatizando lo correspondiente a qué hacer para ese apoyo.

• Diseño y Realidad: Algunas de la definiciones y objetivos ya mencionados en la parte I contrastan con la realidad. Así, un buen número de las características enunciadas en el diseño (“servicios de calidad”) no parecen tener una expresión cotidiana en la operación de los planteles. Entre ellas son destacables, sucintamente, las siguientes:

• Matrícula: según los números oficiales (Programa del Sector Educativo y IV Informe Presidencial), en el cuarto año de gestión la matrícula de 2022 es igual a la de 2019, el año inicial (32 mil). Aunque el Presidente y la coordinadora de las UUBJ, la maestra Raquel Sosa, han mencionado en varias ocasiones otros números (45 o 64 mil), lo asentado en esos dos documentos indican una situación estacionaria. ¿Problemas de registro? La meta de 300 mil al final del sexenio no se cumpliría.

• Carencias: Una parte de las sedes no tienen aún terreno o se encuentran en obra negra. No está completa la planta docente, hay ausentismo de maestros, no se llenan las horas de clase y no se dispone de la infraestructura adecuada.

• Reclamos: Las definiciones esenciales del Plan Nacional de Desarrollo y del PSE, no se están cumpliendo. La Auditoría Superior de la Federación, el INAI y la CNDH han recibido denuncias o solicitudes de alumnos, y aún varios de estos últimos han interpuesto amparos.

Significativamente, una estudiante asegura que “sólo sigue ahí por la beca de 2,400 pesos por 10 meses. No cree que sea un proyecto serio” (Reforma, 15 de agosto). Sobre titulación, no se ha establecido un modelo en esa materia. La CNDH emitió una recomendación por no entrega de título, e inclusive se han interpuesto amparos a ese respecto.

• Eficacia y Eficiencia: La capacidad instalada de cada plantel, en un gran número de casos, no se ha completado. En el IV Informe Presidencial se indica que dicha capacidad asciende a 126 mil estudiantes. Empero, la matrícula se mantiene en 32 mil, según ese documento de septiembre pasado.

¿Qué hacer?
Las UUBJ son un proyecto en marcha que en este año ejercería 1,357 millones. Para lo que ya está funcionando, la cantidad daría una media de ocho millones por plantel ¿Mucho o poco? Difícil saberlo a partir de notas de prensa e informes. Pero la cantidad parece exigua en términos de los señalamientos y las denuncias de alumnos (carencias y contradicciones) y ciertos grupos de profesores (precarización del trabajo docente y despidos). A 20 meses de que concluya el sexenio esto podría marcar un punto de inflexión para corregir lo que una buena evaluación podría establecer con objetividad en torno al funcionamiento institucional y, al mismo tiempo, diseñar las correcciones pertinentes. El Organismo Coordinador de las UUBJ tiene ya un mecanismo que podría ser útil para ese propósito, ampliándolo. Me refiero a los convenios establecidos con el IPN y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

El Presidente ha prometido que los egresados tendrían un empleo asegurado. En sus palabras: “A los que se reciban, que yo les firme su título, les voy a firmar también su plaza en el gobierno” (Reforma, 6 y 22 de agosto de 2022).

Para que esa decisión sea eficaz, socialmente hablando, se requerirá que las comunidades y población en general tengan confianza en la institución y en sus egresados. De ahí la oportunidad para emprender acciones que, en un esquema de colaboración interinstitucional, permita que las UBBJ cierren la brecha existente entre diseño y realidad. Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, en una especie de cruzada nacional, podrían sumarse a esa tarea. Inclusive las propias organizaciones que las agrupan (Anuies, Fimpes, Alpes). ¿Una utopía?

Una utopía no. El Artículo 3º prescribe como derecho humano, aún en la educación superior: a) un principio de igualdad sustantiva; b) el desarrollo de todas las facultades del ser humano; c) la promoción de valores, como la honestidad; d) la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Reforma del Artículo 3º, en 2019, postuló que el Estado proporcionará gratuitamente educación superior como un derecho de cada persona. El mandato ahí contenido sólo estará completo si tal educación es de calidad, como también allí se prescribe. Las necesidades sociales y las demandas del mercado de profesionales requerirán, como siempre, egresados bien preparados.